Las conductas indebidas sujetas a la legislación sobre denuncia de irregularidades incluyen todos los comportamientos irregulares, ilegales o potencialmente perjudiciales para la organización o la comunidad.

En el caso de la Administración Pública, se hace referencia a la variedad de delitos que se cometen contra la misma, incluyendo también abusos de diversa índole e irregularidades como el despilfarro, la tergiversación, las irregularidades contables, etc., que pueden comprometer el buen funcionamiento de la organización.

En el caso de las empresas, son ilícitas todas las conductas que violen la ley, infrinjan el principio de imparcialidad o vulneren las normas de la empresa, incluidas la corrupción, el fraude y las situaciones que perjudiquen la salud y la seguridad colectivas o causen algún daño a terceros.

Por lo tanto, esta conducta es diferente de cualquier conducta ilícita que vaya en detrimento del interés personal del empleado o colaborador individual.

Toda persona que denuncie infracciones detectadas durante la actividad laboral muestra una implicación éticamente correcta y se le invita a detallar al máximo los hechos denunciados, dando información precisa sobre las horas y los lugares en los que se produjo el suceso y aportando elementos útiles para la identificación de la persona responsable de los hechos denunciados.

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