Regulación

Whistleblowing: la solución de software de denuncia de irregularidades para denuncia delitos de conformidad con la Directiva UE

Referencias normativas:

 

Directiva (UE) 2019/1937 de 23 du octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Las empresas con 50 o más trabajadores deben estar sujetas a l a obligación de establecer canales de denuncia interna, con independencia de la naturaleza de sus actividades.

La Directiva facilita la proliferación de los llamados “whistleblowers” mediante la imposición de implantar canales internos de denuncia en todas las entidades jurídicas del sector público y en las del sector privado, aquellas que operen en el sector financiero o que estén sujetas a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y aquellas que tengan más de 50 trabajadores.

Tanto los canales internos como externos de denuncia deberán preservar la confidencialidad del denunciante, así como la de otros facilitadores de información y terceros relacionados con aquél. La definición de denunciante, bajo el paraguas de protección de la Directiva, engloba a trabajadores, personas en situación de dependencia económica de la empresa, contratistas y proveedores, entre otros.

 

Información regulatoria adicional


Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los estados miembros en la lucha contra la corrupción, actualmente está formado por los 49 estados miembros del Consejo, Bielorrusia y Estados Unidos.

 

Civil Law Convention on Corruption

El objeto del convenio es garantizar que cada Estado contratante incluya en su derecho interno procedimientos eficaces en favor de las personas que hayan sufrido daños resultantes de actos de corrupción, con el fin de permitirles defender sus derechos e intereses, incluida la posibilidad de obtener indemnización por dichos daños.

Entre las medidas de obligado cumplimiento por los Estados se incluyen las referidas a la protección de los empleados que tengan motivos fundados de sospecha de corrupción y denuncien de buena fe sus sospechas a las personas o autoridades Responsables